El expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz Óscar Arias ha recibido una buena noticia en medio de la tormenta por la serie de acusaciones en su contra por abuso sexual. El exmandatario fue sobreseído de los delitos de prevaricación y cohecho que se le imputaban por supuestamente favorecer un proyecto de extracción de oro que una minera canadiense intentó desarrollar en la zona norte del país centroamericano. El político de 78 años aún debe enfrentar dos causas penales por violación sexual y abuso sexual, pero al menos se ha librado de acudir a los tribunales como el primer Nobel acusado por corrupción.

 

El Juzgado Penal de Hacienda hizo pública este jueves una resolución en la que declara prescritos los delitos que el Ministerio Público le imputaba a Arias por un decreto que firmó como presidente en 2008 a favor de la mina de oro de Crucitas. La orden se frustró en 2010 por una sentencia del Tribunal Contencioso que admitió objeciones ambientales. La decisión de sobreseimiento significó un alivio parcial para el exmandatario, sus seguidores y parte del Partido Liberación Nacional (PLN), aunque la fiscal general Emilia Navas se apresuró a advertir de que apelará la decisión del tribunal, pues considera que aún es posible someter a juicio al exmandatario por prevaricación y cohecho.

La noticia cayó bien en el círculo de Arias, aunque él ha evitado manifestarse, consciente de la compleja situación jurídica a la que se enfrenta por las acusaciones de violación y abusos presentadas en febrero. La resolución del Juzgado de Hacienda evita, sin embargo, que el expresidente —que gobernó de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010— sea juzgado por sus conductas como político. Arias ha rechazado en todo momento haber cometido actos impropios. "La acusación es totalmente infundada. Han utilizado la teoría de la conspiración para decir que soy el arquitecto de un plan delictivo. Francamente, siento que la Fiscalía tiene más imaginación que García Márquez o Julio Verne", ironizó el expresidente el pasado 28 de enero.

 

El abogado de Arias, Rodolfo Brenes, dijo que tenía otros argumentos jurídicos para demostrar la inocencia del expresidente en el caso Crucitas, pero consideró que hubo "vicios procesales" y optó por solicitar la prescripción, dado que la ley en Costa Rica establece un máximo de seis años para que concluya el proceso judicial de este delito. La discusión legal se centraba en torno al momento en que empezó a correr ese plazo, aunque el defensor del expresidente ve inviable que se reabra el caso.

El nuevo blanco de las críticas es Jorge Chavarría, que estuvo al frente de la Fiscalía entre 2010 y 2017, por dejar que la causa contra Arias "feneciera fatalmente", según escribió en la resolución la jueza a cargo, Carla Bonilla Ballestero. "Llama poderosamente la atención que Óscar Arias figuró desde hace varios años como persona de interés para la investigación y se contó con diversas pruebas que lo vinculaban con los hechos denunciados, pero no se le indagó dentro de los plazos de vigencia del delito que se le imputaba", señaló Bonilla.

Al llegar la fiscal Navas, una mujer que algunos califican como férrea y otros como histriónica, la causa contra Arias cobró vida y puso al exmandatario contra las cuerdas, hasta este jueves. La situación es distinta para el exministro de Ambiente Roberto Dobles y otros funcionarios que apoyaron el decreto firmado por Arias en 2008 y que sí deberán someterse a juicio, debido a que los plazos de prescripción son distintos para ellos.

El antiguo proyecto Crucitas se propuso hace 25 años y ahora se ha convertido en una finca de 800 hectáreas abandonada junto a la frontera con Nicaragua. La Policía tuvo que intervenir en enero para intentar ahuyentar a cientos de mineros informales, nicaragüenses y costarricenses, que invadieron la propiedad para extraer oro envenenando el terreno con mercurio. El material extraído de forma ilegal tiene un valor cercano a 90 millones de dólares, reconoció el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

La actividad convirtió a Crucitas, una pequeña comunidad en el municipio de San Carlos, en un mercado de dinero gris, químicos, comercio irregular y migración descontrolada. El daño ambiental ha sido grave, lo que ha servido a defensores del proyecto original para señalar que lo mejor habría sido mantener la concesión a la empresa canadiense, que de momento espera el avance de un arbitraje internacional para recobrar una inversión improductiva de 93 millones de dólares, según la compañía. La minería a cielo abierto con cianuro, como la de este proyecto, se ha prohibido en Costa Rica a partir de este litigio.

Pese al anuncio de la Fiscal de apelar el fallo, la defensa del expresidente dijo a EL PAÍS que los embrollos legales relacionados con la mina de Crucitas han sido superados. El panorama legal de Arias aún es complejo, tras las acusaciones de haber violado a una activista antiarmas y de abusar sexualmente de una ex reina de belleza, además de los señalamientos de al menos otras ocho mujeres que aseguran haber sufrido de acoso y hostigamiento. El exmandatario se ha separado temporalmente de su partido, evitó declarar en una primera audiencia y podría quedar inhabilitado para salir del país si prospera una petición de medidas cautelares presentada por la Fiscalía.